Sí se puede propone volver a iniciar  el expediente sancionador de más de 500.000 € a la empresa gestora del alumbrado público de Tegueste

La organización ecosocialista considera imprescindible recuperar para la corporación los fondos en que se valoró el incumplimiento de las condiciones del servicio

Sí se puede lleva al pleno del Ayuntamiento de Tegueste este martes una moción en la que se propone abrir de nuevo un expediente sancionador para la imposición de penas por valor de más de 500.000 euros a la empresa que gestiona el servicio de alumbrado público por el incumplimiento de obligaciones derivadas del pliego que rige la contratación mediante concesión administrativa de este servicio.

El concejal del grupo municipal ecosocialista que defenderá la moción, Sergio Fernández, destaca que, a pesar de que haya caducado el expediente sancionador inicial por la desidia del grupo de gobierno municipal, el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) determina que la caducidad de los procedimientos no produce por sí sola la prescripción de las acciones de la Administración.

“El marco jurídico, obviamente, no puede impedir que una administración concluya el procedimiento de sanción por infracciones que vulneran los contratos firmados entre un ayuntamiento y la empresa concesionaria”, apunta el concejal–. “En el caso del alumbrado público en Tegueste, al incumplirse el contrato, el ayuntamiento queda afectado con un daño valorado en más de medio millón de euros”, añade.

Sí se puede detalla en la moción el infructuoso recorrido de un expediente que se inició a raíz de un acuerdo plenario del pasado 19 de abril, en el que se acordó incoar un expediente sancionador por incumplimiento del pliego de contratación a la concesionaria del servicio público de Alumbrado de Tegueste, la empresa UTE Alumbrado Tegueste, por un importe del 20% de la inversión prevista por cada mes de retraso, según dispone la cláusula 34 del pliego de contratación.

En el proceso de instrucción del expediente, se pidió al asistente técnico del contrato un informe técnico de cuantificación económica del 20% indicado, con el objeto establecer la cantidad con la que corresponde sancionar a la concesionaria. El informe llegó después de cinco meses de espera con datos que no respondían a lo requerido. Finalmente, hubo de encargarse la valoración a la Arquitecta Técnica Municipal, como gestora del contrato, que fijó la cuantía en 512.087,32 euros, según un informe emitido el 12 de septiembre pasado.

La necesidad de volver a incoar el expediente sancionador deriva de que el reglamento de potestad sancionadora establece su caducidad en seis meses, plazo que se sobrepasó debido a la excesiva demora en la tramitación. Sin embargo, recuerda el concejal de Sí se puede, “no puede deducirse plazo de prescripción alguno para el incumplimiento injustificado de los plazos de ejecución de las obras de mejora y renovación de las instalaciones e inversiones de ahorro energético”, al no haberse asimilado la penalización impuesta a ninguna de las tres tipologías de infracciones que establece el marco jurídico.