Sí se puede propone en Güímar impulsar el uso del registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida

Sí se puede promueve en el Ayuntamiento de Güímar una moción para incentivar e impulsar el uso del registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida entre la población del municipio, para su debate en el pleno que se celebra a finales del mes de marzo.

Englobada en el eje programático de Igualdad y con el objetivo de profundizar en el trabajo por una igualdad verdadera entre géneros, la concejala del grupo municipal ecosocialista, Lourdes Galindo, será la encargada de defender esta moción, que pretende “contribuir al conocimiento del papel y de la situación de las mujeres en el sector agrario, a su reconocimiento y empoderamiento y a la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo rural”, explica.

El documento parte de la aprobación en septiembre de 2011 de la Ley estatal 35/2011 sobre Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias, “para que las mujeres puedan ejercer y disfrutar de todos los derechos derivados de su trabajo en las explotaciones agrícolas en términos de igualdad con los hombres y favorecer la asunción de decisiones gerenciales y de los riesgos y responsabilidades derivados”.

Además de la propia cotitularidad, el texto legal incluye más beneficios, al pretender animar a las mujeres a dar el paso para registrarse como cotitulares de las propiedades y prever que las instituciones autonómicas se encarguen de poner en marcha acciones para concretar este impulso.

“Si una mujer en Güímar quisiera conocer en qué consiste el registro para valorar con mayor criterio si le interesa o no esta medida, solamente podrá acceder a una página del Gobierno de Canarias donde aparecen las normativas y los requisitos, pero no encontrará nada sobre los beneficios ni una guía práctica sencilla para conocer el tema, mientras que si hiciera una consulta telefónica, comenzaría un rosario de llamadas entre las diferentes áreas de la Consejería de Agricultura, encontrándose incluso con personal técnico que no sabe a qué se refiere con titularidad compartida”, destaca Galindo. Más aún, si la información que busca es relativa a los beneficios de registrarse, “le dirían que nadie le va a facilitar esa información porque no está en ningún lugar”.

En el caso particular de la corporación del municipio sureño, Sí se puede considera que “este Ayuntamiento tiene una deuda histórica con las zonas rurales abandonadas del municipio. Como ya hemos planteado en múltiples ocasiones, nos parece grave el abandono al que se ha sometido al sector primario, lo que se traduce en que no exista presupuesto en una concejalía que se dedique a promoverlo y apoyarlo. Apoyar esta iniciativa es un pequeño paso para saldar la deuda de Güímar con sus zonas agrícolas, apoyar la agricultura y, particularmente, a las mujeres rurales”, apunta la concejala.

La moción plantea una serie de acuerdos, encabezados por el de instar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a ampliar el porcentaje de bonificación a la Seguridad Social y eliminar los límites de edad para acceder a la titularidad compartida, así como a ampliar las bonificaciones a otros grupos de edad.

De aprobarse la moción, el Ayuntamiento instaría también al Gobierno de Canarias a adoptar una serie de medidas, como la puesta en marcha de campañas de difusión, elaboración de una guía clara y didáctica para darlo a conocer a potenciales beneficiarias y beneficiarios, facilitar acceso telemático a la información, desarrollo de una política de subvenciones directas y medidas fiscales para las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias y formación técnica al cuerpo de funcionarios públicos vinculados a la gestión del registro.

Las peticiones dirigidas al Cabildo proponen la participación de las Agencias de Extensión Agraria y Desarrollo Rural del Cabildo y se sugiere la organización de charlas en los diferentes municipios de Tenerife por parte de la Consejería Insular de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Por su parte, del Ayuntamiento de Güímar se requiere la implicación en la difusión del material didáctico y la atención de la ciudadanía por una persona adecuadamente formada en el asunto. Igualmente, se pide el compromiso de distintas áreas municipales en la organización de charlas en las zonas rurales del municipio. Estas medidas deben contar con una partida presupuestaria específica con este fin en los presupuestos 2018.