Sí se puede exige al PP que cumpla su compromiso de reducir la servidumbre en el litoral de Anaga
El Comité Local de Sí se puede en Santa Cruz de Tenerife ha exigido hoy al Partido Popular que cumpla su compromiso de incluir en la Ley de Costas, aprobada en días pasados por el Congreso de los Diputados, la reducción a 20 metros de la servidumbre costera en el litoral de Anaga, tal y como ese partido le manifestó al alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, en una reunión celebrada antes de que la norma fuera sancionada.
Este compromiso fue manifestado expresamente por el diputado nacional del PP Pablo Matos –también concejal en Santa Cruz– después de que el pleno municipal aprobara por unanimidad en noviembre del año pasado una moción de Sí se puede en la que se proponía la modificación de una disposición transitoria de la ley de tal manera que se reconociera que el ancho de la servidumbre de protección de los asentamientos rurales de Anaga fuera de 20 de metros, tal y como han demandado los vecinos de esta zona del municipio desde hace varias décadas.
Una vez aprobada la moción, el alcalde convocó a los diputados y senadores canarios a fin de exponerles el problema. En esa reunión, Matos se comprometió a que la ley que se elaboraba contemplaría esta especificidad de los núcleos del macizo. Ahora, la organización ecosocialista le reclama al PP que cumpla su promesa y entregue el plano que acredite que la Demarcación de Costas de Tenerife ha procedido a reducir de manera inmediata esa servidumbre de protección.
En caso de que no pueda reconocerse esta reducción, Sí se puede exige que el partido del Gobierno se comprometa a cambiar de manera inmediata la legislación de costas en el sentido indicado en la moción aprobada en Santa Cruz, es decir, reconociendo expresamente esta reducción en los asentamientos rurales.
Fuera de ordenación
La moción presentada en noviembre fue consecuencia de la preocupación de Sí se puede por el hecho de que el proyecto de ley no incluyera la protección para esta parte del municipio. En la propuesta, defendida por el concejal Pedro Fernández Arcila, se solicitaba equiparar los asentamientos rurales a los suelos urbanos existentes antes de 1988, de tal manera que no se les aplicara la servidumbre de protección de cien metros.
De esta forma se pretendía resolver la situación en la que se encuentran los pueblos de Igueste, Tachero, Almáciga y Roque de Las Bodegas tras los injustos pronunciamientos judiciales que han supuesto que más de 200 viviendas se encuentren en una situación de fuera de ordenación. Esta situación se agrava por la imposibilidad, en varios de estos pueblos, de contemplar suelo residencial para atender el crecimiento demográfico natural debido fundamentalmente a las limitaciones de uso residencial que impone esta servidumbre.