Frías pide garantizar el asesoramiento jurídico gratuito a los usuarios y al personal de los servicios sociales
Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pedirá en el Pleno ordinario del próximo viernes que se garantice la información, la orientación y el asesoramiento jurídicos gratuitos a las personas usuarias y al personal de los servicios sociales municipales, una prestación que en estos momentos está en riesgo ante el anunciado despido de las tres trabajadoras del Centro de Asistencia a Víctimas del Delito (CAVD).
A través de una moción, la concejala ecosocialista recuerda que el equipo que presta el asesoramiento jurídico en el ámbito de los servicios sociales municipales es el vinculado al CAVD, un centro cuya gestión es competencia del Gobierno de Canarias y por el que el Consistorio ya no recibe subvenciones. Por esta razón, el Ayuntamiento tiene previsto despedir a las citadas trabajadoras, una medida que conllevaría poner fin a este sistema de asesoramiento en lo que Frías considera “un enorme error político y social”.
De llevarse a cabo, esta decisión del grupo de gobierno no solo sería injusta, sino que implicaría el desmantelamiento de una de las más importantes líneas transversales del Plan Estratégico Municipal de Servicios Sociales, recuerda Frías en su moción, pues se dejaría sin asesoramiento jurídico gratuito a las personas que viven situaciones de mayor pobreza y vulnerabilidad social en la capital tinerfeña.
La organización ecosocialista considera que asesoramiento jurídico con el que cuentan los servicios sociales municipales desde la década de los noventa se hace en la actualidad más necesario que nunca, tras varios años de disminución de la protección social por la embestida, en forma de “crisis”, del neoliberalismo más salvaje.
Por otra parte, la portavoz de Sí se puede solicitará al Pleno, en el marco de la misma moción, buscar alguna fórmula que permita mantener a las citadas trabajadoras en el ámbito de los servicios municipales, dada la sobrada experiencia que han demostrado a lo largo de casi dos décadas. Su despido –advierte Frías– iría en contra de acuerdos tan importantes como el alcanzado en el Pleno extraordinario de servicios sociales de septiembre de 2012 que contemplaba incrementar los recursos humanos del IMAS.