Sí se puede Buenavista se persona como acusación popular en la querella contra Aurelio Abreu y Víctor Lorenzo
Sí se puede Buenavista se ha personado como acusación popular en la querella que el ayuntamiento norteño interpuso contra Aurelio Abreu y Victor Lorenzo, ambos ex alcaldes del municipio. Sumándose a la querella, el grupo de Sí se puede persigue depurar responsabilidades penales y políticas, asegurando la continuidad del proceso en caso de que el nuevo grupo de gobierno, con la socialista Eva García a la cabeza, no actúe con la suficiente diligencia o desista del mismo, incumpliendo el acuerdo plenario que la obliga a seguir el proceso.
La querella, presentada por el ayuntamiento de Buenavista cuando gobernaba Sí se puede, recoge presuntas ilegalidades detectadas en el proceso de construcción del Centro Cultural de La Cuesta. En el expediente administrativo de la obra se encuentran justificadas una serie de inversiones en la construcción del centro que nunca fueron realizadas, tal y como recoge un informe elaborado por la Oficina Técnica municipal.
El portavoz de Sí se puede en Buenavista, Antonio González Fortes, aclara que su grupo decidió presentar la querella al constatar que, aunque desde 2007 no se habían realizado nuevas obras en el edificio, el consistorio norteño justificó con un informe de la Oficina Técnica de 2007 nuevas subvenciones recibidas en 2008 y 2009. Dichas justificaciones fueron firmadas por Aurelio Abreu y Víctor Lorenzo, en ese momento Alcalde y Concejal de Obras del Ayuntamiento respectivamente.
González Fortes considera inadmisible que el consistorio haya recibido financiación más que suficiente para la conclusión de las obras, incluso para el equipamiento interior, y, sin embargo, el edificio apenas esté empezado. Por ello, impulsó la presentación de la querella mientras era alcalde del municipio, sabiendo que el ayuntamiento sólo tendría que asumir los gastos de procuraduría ya que cuenta con un departamento jurídico.
Sí se puede espera que el proceso judicial logre aclarar el destino real de los fondos que recibió el Ayuntamiento, que nunca fueron destinados al fin por el que se habían recibido, así como las posibles responsabilidades políticas de ese uso incorrecto del dinero público.