Unid@s se puede considera que el despido de dos trabajadores de las grúas municipales es un pago político
El principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento lagunero cree que el despido de dos trabajadores denunciantes de las irregularidades en el servicio municipal de grúas corresponde a un pago político, ya que “parece que resultaban molestos para algunos responsables municipales”.
El portavoz municipal de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, mantuvo un encuentro en la mañana del jueves con las dos personas despedidas del servicio municipal de grúas, en las que les mostró el apoyo de su formación ante lo que consideran un auténtico “ajuste de cuentas contra dos de las personas que han mantenido una posición más crítica con las irregularidades de este servicio municipal”, siendo denunciantes de un presunto caso de robo de piezas de vehículos retirados de la vía pública y de la compraventa de la empresa.
Ascanio opina que el Gobierno de La Laguna, por acción u omisión, ha promovido este despido de dos personas que han sido muy duras en sus críticas al Consistorio y que han tenido el valor de hacerlas públicas. “Nos parece una auténtica vergüenza y una cacicada más contra un grupo de empleados de un servicio público que han estado meses sin cobrar sus sueldos y sin estar al día con la seguridad social, indicando que hasta donde saben hay empleados que todavía llevan ocho meses sin cobrar, una auténtica anomalía que ha estado plagada de actuaciones institucionales como mínimo curiosas”, manifiesta.
La formación lagunera llama la atención sobre el método seguido en este caso, en el que parece que se elige para el despido a la persona con mayor antigüedad y sin tener en cuenta que existen empleados que están a punto de jubilarse, dejando a la empresa con ocho trabajadores en las grúas, por debajo de lo que establece el pliego de condiciones actualizado.
Para Unid@s se puede es necesario que se aclare de una vez por todas cómo se está gestionando esta empresa, que según lo establecido en el pliego de condiciones, anualmente puede facturar al Ayuntamiento un máximo de 650.000 euros, que es una cantidad muy importante. Igualmente, señala el portavoz que la nueva compraventa, hecha por el precio simbólico de un euro, parece seguir la senda de irregularidades de la anterior, ya que no ha se ha contemplado la posibilidad de sacar un concurso público donde cualquier empresa pueda participar, o la opción de recuperar el servicio y gestionarlo a través de Muvisa.
Recuerdan también que la anterior compraventa de la empresa ya ha sido llevada a los juzgados y el primer propietario de grúas Poli, tal y como salió publicado en diversos medios de comunicación, denunció importantes presiones de todo tipo, realizadas por el exalcalde, Fernando Clavijo, para lograr que se le vendiera la empresa a una serie de trabajadores que “parece que habían sido compañeros de kárate del primer edil”. Ese propietario también manifestó ante la Guardia Civil el contenido de una conversación telefónica en la que el regidor llegó a obligar a meter a varias personas a trabajar en la empresa” y que incluso en una ocasión, le reprochó haber contratado a un trabajador sin su consentimiento.
Finalmente creen que estos nuevos despidos y su trasfondo deben ser un argumento más para que la moción que se debatirá en el próximo Pleno, en la que se pide la creación de una Comisión de Estudio de la gestión de las grúas municipales, sea una realidad, que sirva para aclarar qué ha pasado con este servicio.