Sí se puede en Buenavista se muestra satisfecho con la revisión catastral realizada por el ministerio de Hacienda
La formación ecosocialista se muestra satisfecha ante la publicación por parte del ministerio de hacienda de la actualización de los valores catastrales. Estos valores determinan el impuesto sobre bienes inmuebles, popularmente conocido como contribución, que los ciudadanos y ciudadanas deben abonar al ayuntamiento cada año. Para Sí se puede es una grandísima noticia el que Buenavista se sitúe en el grupo de municipios donde no se aplicará el catastrazo, sino que la bajada de este valor repercutirá en los recibos de los vecinos y vecinas.
La anterior revisión catastral se había realizado en 2007, en plena burbuja inmobiliaria, por lo que muchas viviendas aparecían con un valor muy superior al real. Gracias a esa revisión catastral al alza y desproporcionada, el PSOE justificó los últimos movimientos de endeudamiento en 2008, haciendo pagar así al pueblo su pésima gestión al frente del Ayuntamiento. Sí se puede aclara que, mientras estaban al frente del gobierno, en 2013 y 2014, solicitaron al catastro que revisara la valoración que habían realizado de los inmuebles buenavisteros, ya que consideraban que estaban sobrevalorados. Esta reducción se traducirá en una rebaja del impuesto de bienes inmuebles para el año 2016.
El portavoz de Sí se puede en Buenavista, Antonio González, explica que a pesar de la mala situación económica del ayuntamiento su grupo trabajó constantemente para que este impuesto se ajustara a la realidad de las construcciones del municipio ya que desde el principio sabíamos que no era justo que la ciudadanía fuera la que pagara directamente la factura de endeudamiento generada. Asimismo fue constante la lucha para que las viviendas calificadas como primera vivienda familiar, ubicadas en suelo rústico, pudieran disponer del mismo gravamen que en urbano, ya que desde el año 2009 tributaban el doble.
Igualmente, durante la gestión de Sí se puede, se llevaron a cabo contactos y trabajos a través de la Federación Canaria de Municipios para conseguir una modificación de la ley de bases para posibilitar que los terrenos rústicos puedan contar con exenciones en el IBI, ya que es imposible que los Ayuntamientos regulen exenciones o bonificaciones para determinadas actividades o la implementación de energías renovables. A pesar de la situación económica que nos encontramos, trabajamos siempre con el objetivo de que cada vecino o vecina pagara lo que es justo, pensando siempre en el futuro del municipio y de sus habitantes, recalcó González Fortes.