Unid@s se puede pide la comparecencia de Candelaria Díaz por las consecuencias del dictamen de Consejo Insular de Patrimonio sobre las licencias del Casco Histórico

Rubens Ascanio, concejal y portavoz de Unid@s se puede en el Ayuntamiento lagunero, registró el pasado miércoles una solicitud de comparecencia de la concejala de Patrimonio Histórico, Candelaria Díaz, a raíz del dictamen elaborado por la Sección Administrativa del Consejo Insular de Patrimonio, tratado en la sesión del pasado 5 de noviembre.

Informan que este dictamen lo habían solicitado desde el pasado 19 de noviembre y reiteraron la solicitud oralmente los días 4, 11 y 14 de diciembre, tanto a la concejala del área como a su secretaria. Igualmente el pasado 13 de enero volvieron a apercibir por escrito al área de Patrimonio a la entrega de la documentación, sin obtener respuesta positiva hasta esta semana, con lo que tuvieron que recurrir al grupo de Podemos en el Cabildo para obtener la información necesaria.

El dictamen tratado en la Comisión Insular de Patrimonio del 5 de noviembre es una respuesta a un informe emitido por la Gerencia de Urbanismo del 1 de abril de 2015, elaborado por el Grupo de Investigación de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna. En el mismo se establece con rotundidad que “…desde hace una década el Ayuntamiento de La Laguna viene otorgando licencias urbanísticas en el ámbito del Conjunto Histórico incumpliendo sistemáticamente la obligación de obtener, ya sea la autorización previa, o ya sea la previa conformidad de este Cabildo que, como se verá, son exigidas por la Ley”.

No solo eso, el informe apunta que el rastro de “dicha omisión ha sido en gran medida voluntaria” y además que “multitud de actuaciones permitidas por ese Ayuntamiento han sido llevadas a cabo sin obtener ni autorización, ni previa conformidad, con lo que inevitablemente en en muchas intervenciones que han variado la fisonomía del Conjunto Histórico de La Laguna no ha existido control alguno de este Cabildo”.

El jueves pudieron, con casi cuatro meses de retraso, pudieron conocer el contenido de los informes emitidos por la Gerencia de Urbanismo de La Laguna sobre este asunto, el primero, con fecha de salida de 31 de marzo, es un documento de 69 páginas elaborado el grupo de investigación mencionado anteriormente. En el mismo se alcanzan varias conclusiones, destacando los problemas con la legalidad en el sistema de gestión en suelo Urbano Consolidado, que a juicio de los redactores “exigen la modificación del Plan Especial del conjunto histórico de La Laguna”. El mismo documento deja clara la necesidad de que se cuente con autorización previa del Cabildo en las licencias relativas a Bienes de Interés Cultural y su entorno, además también lo es en caso de bienes incoados y obras promovidas por la administración pública y no previstas en el PEP. También reconocen que se requiere conformidad insular previa en obras en inmuebles catalogados y no catalogados con licencia de obra mayor, excluyendo obras menores y cambios de usos y actividades.

La respuesta a este informe por parte de la sección administrativa de Patrimonio Histórico del Cabildo es contundente y se refiere a lo contemplado en el artículo 54.1. de la Ley 4/1999 de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, que establece que “La utilización de los bienes integrantes del patrimonio histórico de Canarias se llevará a cabo según las normas específicas que les sean de aplicación en función del grado de protección que se les haya asignado, sin poner en peligro los valores que aconsejan su conservación. Cualquier cambio de uso deberá ser autorizado previamente por el Cabildo Insular correspondiente”. Además explican que según el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias , en su anexo II que señala que serán siempre obra mayor: “las intervenciones en edificios catalogados por el planeamiento”. Igualmente señalan que el artículo 170.5 del mismo texto establece que las licencias otorgadas sin autorizaciones previas exigidas por la legislación sectorial “serán nulas de pleno derecho”.

Ascanio insistió en que consideraba un asunto de extrema gravedad, que implica, tal como recoge el dictamen, que un enorme número de licencias de obra en el Casco Histórico de la última década, tanto mayor como menor, serían nulas. “Más grave aún si pensamos que durante buena parte de esos diez años se ha estado pagando 240.000 euros anuales a una empresa privada, Arquitectura, Urbanismo y Cooperación (AUC), por la gestión del Plan Especial de Protección del Casco”, afirma. En este sentido afirma que reclamarán que se aclaren responsabilidades y que los posibles perjuicios económicos que se puedan generar se repercutan sobre los autores de esta dejación de funciones, “ya sea la empresa o los cargos públicos que no velaron por el cumplimiento de la Ley”.

El portavoz de Unid@s se puede recuerda que el incumplimiento de los deberes establecidos en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias implica, según sus artículos 96 y 99 unas sanciones que podrían llegar a los 600.000 euros, además del establecimiento de infracciones administrativas. A este respecto pedirán que se aclare cómo se ha producido esta situación y que se depuren todas las responsabilidades, ya que se trata de “afecciones sobre un patrimonio histórico que es de todos, en el que, de forma sistemática se ha realizado una gestión que parece con bastante claridad que incumple la legalidad“.

Insisten en que incluso el último informe emitido por la Gerencia de Urbanismo, de fecha 26 de enero de este año, señala en su página cuatro que la conformidad insular previa no es vinculante y “nunca puede ser considerado como determinante de nulidad absoluta”, aunque poco después reconoce que “en cualquier caso, el vicio más grave que pudiera derivar la falta de conformidad previa insular, una vez analizado cada expediente, sería la anulabilidad de la licencia correspondiente”…cuestión que consideran subsanable, siendo un criterio sensiblemente diferente al expresado por el informe del Cabildo.

Uno de los aspectos que destacan es el papel jugado en este proceso por la empresa privada Arquitectura, Urbanismo y Cooperación (AUC), que “estuvo facturando al Ayuntamiento por unas gestiones que, según se desprende de la lectura del informe, no se realizaron correctamente”. Igualmente quieren que la propia concejala del área explique qué medidas ha puesto en marcha para acabar con esta situación y resolver el efecto que puede tener en el Ayuntamiento unas licencias que serían nulas y que la ciudadanía abonó, además del efecto que ha tenido sobre el conjunto histórico el incumplimiento de estos informes.