Arcila preguntará en la Comisión de Control por la autorización de vertidos en varios puntos del litoral
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha pedido la comparecencia del director general de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos del Consistorio en la Comisión de Control de este mes para que informe sobre la existencia o no de autorizaciones a la empresa de aguas Emmasa para vertidos de aguas residuales al mar en diferentes puntos del litoral del municipio.
En concreto, el concejal ecosocialista quiere que el director general informe sobre si Emmasa cuenta con autorizaciones de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para los vertidos de aguas residuales que se realizan en el litoral de Taganana, Igueste de San Andrés, San Andrés, aliviadero de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) de Cabo Llanos, las aguas provenientes de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Buenos Aires, Añaza y Acorán.
Asimismo, Arcila desea saber si la reciente autorización de la Viceconsejería de Medio Ambiente para los vertidos de la EBAR de Cabo Llanos exige un tratamiento secundario. En caso de que no se contara con autorización para el vertido de aguas residuales en alguno de estos puntos del litoral o que la autorización del vertido de la EBAR de Cabo Llanos no contemplara un tratamiento secundario, el portavoz de Sí se puede ha pedido que se informe sobre las actuaciones que el Ayuntamiento realizado para el cumplimiento de la normativa.
Para poder realizar una correcta función de control, Arcila ha solicitado que el compareciente entregue copia de la reciente autorización de la Viceconsejería de Medio Ambiente para realizar vertidos de las aguas residuales procedentes de la EBAR de Cabo Llanos.
La solicitud de comparecencia de Arcila es consecuencia del conocimiento de un informe elaborado por técnicos del Ayuntamiento en el que se revela que la práctica totalidad de los vertidos de aguas residuales de Emmasa al mar se llevan a cabo sin tratamiento, sin permisos del Gobierno de Canarias y saltándose la legislación estatal y europea sobre el asunto.