Sí se puede propone incorporar criterios de contenido social y medioambiental en las contrataciones públicas del Ayuntamiento de Candelaria
Sí se puede propone este miércoles en el pleno del Ayuntamiento de Candelaria que se incorporen criterios de contenido social y medioambiental en las contrataciones públicas promovidas por la corporación. Además, la organización ecosocialista lleva otra moción a la sesión plenaria por la que plantea la elaboración de un reglamento de uso, gestión y funcionamiento de los centros socioculturales del municipio.
La moción que defenderá la portavoz del grupo municipal, Mayca Coello, para la incorporación de criterios sociales y medioambientales en todos los procedimientos de contratación del ayuntamiento se desglosa en diez acuerdos en los que se detallan todos los casos y circunstancias en que sería de aplicación la medida, así como la adaptación jurídica correspondiente, que debe contemplarse en el plazo de seis meses en un reglamento para el caso y facilitarse su aplicación mediante la puesta en marcha de un plan de trabajo que incluya sesiones formativas dirigidas al personal técnico y político.
Entre los criterios sociales, destaca la contratación a entidades sociales y solidarias que tengan por objeto la integración sociolaboral de personas en situación de riesgo o exclusión social –tales como empresas de inserción, centros especiales de empleo de personas con diversidad funcional o centros ocupacionales–, o de forma preferente con criterios relacionados con la integración sociolaboral de colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión social; además, se contribuirá directamente a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como a la conciliación de la vida laboral y familiar.
En la contratación de productos y servicios, la moción establece que se tendrá en cuenta su valor social y la seguridad de los productos y se promoverá por los que entrañen menor peligro o tengan características sociales positivas y más saludables, tales como productos de comercio justo, ecológicos, reciclables, valor ambiental y otras características. Entre los criterios de carácter social relacionados con la calidad se tendrá en cuenta la dimensión comunitaria del proyecto, transferencia de conocimiento, retorno social del contrato, adaptación a las necesidades de los grupos receptores y participación de las personas usuarias en el diseño, mejora y evaluación del contrato.
Centros socioculturales
La moción sobre la elaboración de un reglamento de uso, gestión y funcionamiento de los centros socioculturales del municipio será defendida por la concejala Cristo Hernández, y consiste en el inicio del procedimiento administrativo correspondiente, en el que se garantice el principio de la participación ciudadana, la reflexión conjunta y el consenso de las personas que puedan estar vinculadas directa y potencialmente a los centros, tales como colectivos, grupos no asociados, ciudadanía no asociada, personal técnico y representantes políticos.
La iniciativa parte de la concepción de los centros ciudadanos como “el núcleo desde donde se articula un modelo de gestión integrada de programas y servicios desconcentrados en el territorio”. A juicio de Sí se puede, en estos centros se esbozan los tres principios y ejes básicos en que se sustenta la actividad y razón de ser de estos equipamientos: la dimensión de casas de la ciudadanía –entendidas como espacios de convivencia y encuentro–; la dimensión de contenedores de contenidos –entendidos como espacios de referencia en la zona en donde aterrizan las diferentes áreas municipales para prestar sus programas y servicios desconcentrados–; y la dimensión de ser cauces primarios de participación ciudadana, escuelas de democracia participativa y equipamientos multifuncionales, desde donde se accede al uso de espacios y recursos polivalentes.
A juicio de la organización ecosocialista, el funcionamiento de estos centros e instalaciones debe ser regulado por un reglamento específico que contemple la realidad de cada uno de los barrios y pueblos y las singularidades de cada centro en particular, y debe estar orientado hacia una gestión compartida entre el ayuntamiento y los agentes sociales de cada zona.