Arcila exige a los socios de gobierno que expliquen de una vez cuál es su postura sobre el mamotreto

Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, consideró hoy inaudito para un grupo de gobierno que presume de estar cohesionado el hecho de que sus dos máximos representantes mantengan posturas antagónicas en relación con un asunto tan sensible para la ciudadanía chicharrera como es el edificio de aparcamientos de Las Teresitas, conocido como mamotreto.

La disparidad de criterios es tal –señaló Arcila– que mientras el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, el socialista José Ángel Martín, sostiene que legalizar el edificio es un delito, su alcalde, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, afirma que el objetivo del grupo de gobierno es ‘usar los medios que nos da la ley para legalizar el mamotreto’ ”.

Ambas afirmaciones se producen en el intervalo de apenas algo más de dos semanas. Concretamente, Martín decía lo siguiente el pasado día 19 de diciembre en su perfil de Facebook: “El PP debería dejar de pedir la legalización del Mamotreto. Una obra ilegal no se puede legalizar mediante el planeamiento. Es un delito”. La afirmación del alcalde vino de la mano de un periódico local el pasado 5 de enero. Al respecto, el portavoz ecosocialista se preguntó: “¿El primer teniente de alcalde está acusando a su propio alcalde de querer cometer un delito?”.

Lo más surrealista de esta situación –añadió Arcila– es que el alcalde dice que para dar los pasos necesarios en el camino de la legalización está a la espera de las instrucciones que se le den desde la Gerencia de Urbanismo, un área que está al mando de su socio Martín, quien, como resulta evidente y él ha dejado claro en varias ocasiones, tiene una postura sobre este asunto que es totalmente contraria a cualquier posibilidad de legalización”.

Comisión de Control

Con el fin de que desde el grupo de gobierno se arroje algo de luz, Sí se puede ha pedido la comparecencia de Martín en la Comisión de Control de este mes para que, “vista la absoluta divergencia en el seno del grupo de gobierno en relación con el futuro del mamotreto y las implicaciones delictivas que pudiera tener su legalización, informe sobre este asunto y presente los informes jurídicos que sustenten una u otra postura de las que se mantienen dentro del grupo de gobierno”, según se lee en la solicitud presentada hoy mismo por Arcila.

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