Arcila insiste en que se le puede cobrar a Metropolitano y pide que el Tribunal Económico haga un estudio
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, insistió hoy, como ya hizo en la Comisión de Control del pasado jueves, en que el Consistorio sí puede cobrarle a la empresa Metropolitano de Tenerife una tasa por el uso privativo que hace del dominio público municipal al ocupar las vías públicas para el paso del tranvía y para las estaciones.
En todo caso, y para que quede claro si el punto de vista correcto es el de Sí se puede o el que sostiene el grupo de gobierno –que niega este derecho–, el edil ecosocialista presentó hoy por escrito una solicitud al concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, en la que le pide que encargue al Tribunal Económico Administrativo Municipal la elaboración de un estudio sobre si Metropolitano se encuentra sujeta a la citada tasa por emplear terrenos de uso público con finalidad lucrativa.
El concejal recordó que los ingresos que no se están recibiendo por este trato de favor del Ayuntamiento al Cabildo son millonarios; concretamente, se han dejado de cobrar 7,2 millones desde que comenzaron las obras del tranvía hasta 2010, según un informe de ese año elaborado por el propio Ayuntamiento, que en ese entonces –y bajo la batuta del PP en la Delegación de Hacienda– ya la reclamaba esa tasa al Cabildo. Ese dinero ya está perdido, pues solo se pueden reclamar los importes correspondientes a los últimos cuatro años. Estos, aun así, siguen siendo millonarios.
Ahora, y con Coalición Canaria de nuevo al frente de las cuentas locales, “el comportamiento de la Corporación en este asunto vuelve a ser el que de manera reiterada muestran los concejales de ese partido en sus relaciones con el Cabildo, pues muestran una actitud que los asemeja más a consejeros insulares que a ediles que defienden los intereses de este municipio”, afirmó Arcila.
En el escrito presentado hoy, Arcila expresa su rechazo a los argumentos esgrimidos por Bernabé el jueves para rechazar el cobro de esta tasa, tal y como le exigía Sí se puede. Estos argumentos, que el propio Bernabé calificó de “galimatías”, se basaban en una resolución del coordinador general de Economía, Personal y Gestión sobre la que Arcila concluye que “el razonamiento jurídico central, fundamentalmente cuando se acude a la aplicación analógica para justificar, en última instancia, un beneficio fiscal, debe ser seriamente cuestionado”.
Ese razonamiento “supone una evidente infracción del artículo 14 de la Ley General Tributaria, además de una vulneración de la reserva de ley en materia tributaria y un claro incumplimiento del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, al establecer un beneficio fiscal atípico y dispar, en función de posibles intereses espurios o completamente ajenos a los principios que inspiran la ordenación y aplicación del sistema tributario que garantiza que el sostenimiento del gasto público se realice en pie de igualdad”, concluye Arcila en su escrito.