Arcila pide que el Tribunal Económico se pronuncie ya sobre la viabilidad de cobrar tasa a Metropolitano
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha pedido hoy al Gobierno local que exija al Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM) que dicte ya una resolución sobre la viabilidad de cobrarle a la empresa Metropolitano de Tenerife la tasa por uso privativo de dominio público, una vez que la organización ecosocialista abrió esta posibilidad en el Pleno del pasado mes de enero con el apoyo de todos los grupos municipales.
Arcila se dirigió el 4 de marzo pasado al TEAM en esos términos, una vez aprobada unánimemente por el Pleno una moción de Sí se puede en la que se daba vía libre a la organización para dirigirse a este órgano, algo que el portavoz de los ecosocialistas hizo tras comprobar la pasividad del grupo de gobierno en relación con otros aspectos del citado acuerdo plenario. Ahora, Arcila teme que esta pasividad haya conducido al Gobierno local a no remitir el expediente de este asunto al TEAM, lo cual explicaría el retraso.
Arcila considera que el TEAM dictará una resolución favorable al cobro de la tasa, pese a que el anterior concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, pretendió en varias ocasiones convencer a la ciudadanía y a los grupos políticos de que esta acción era inviable. Por el contrario, Arcila recuerda que ya el Ayuntamiento emitió en 2010 un informe que consideraba oportuno y procedente este gravamen, por el que el Consistorio se pudo haber embolsado 7,2 millones hasta el año 2010. El cobro de este dinero ya ha prescrito, pero aún puede exigir el pago de más de cinco millones correspondientes a los últimos cuatro años.
El concejal cree además que los argumentos jurídicos esgrimidos durante el anterior mandato por el entonces edil de Hacienda suponen una infracción del artículo 14 de la Ley General Tributaria, una vulneración de la reserva de ley en materia tributaria y un claro incumplimiento del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, al establecer un beneficio fiscal atípico y dispar, en función de posibles intereses espurios o completamente ajenos a los principios que inspiran la ordenación y aplicación del sistema tributario, que garantiza que el sostenimiento del gasto público se realice en pie de igualdad.