Arcila propone al Pleno destinar locales públicos vacíos a iniciativas de economía social y de interés general
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, presentará una moción al Pleno ordinario de septiembre (que se celebrará el 3 de octubre) para elaborar un inventario de los inmuebles de titularidad pública que hay en el municipio, incluidos los del Patronato de La Candelaria, susceptibles de ser destinados a iniciativas de interés público y, en particular, para iniciativas de economía social.
En su propuesta también pide al Pleno que se facilite el uso de estos locales en proyectos sociales mediante procedimientos de libre concurrencia, incluyendo cláusulas sociales y ambientales. El portavoz de Sí se puede advierte de la gran cantidad de inmuebles de titularidad pública que permanecen vacíos y añade que “poner el infrautilizado patrimonio municipal al servicio del bien común es una buena manera de contribuir a fomentar dichas iniciativas”.
Los innumerables locales públicos vacíos de Santa Cruz son “recursos ociosos en cuanto a estar carentes de uso y deben convertirse en sede de servicios municipales o de iniciativas económicas o sociales”, considera Arcila. Un ejemplo claro de la viabilidad de esta fórmula es la cesión por parte del Instituto Canario de la Vivienda de un local en el barrio de Añaza para albergar un centro de formación y reinserción laboral destinado a las mujeres.
El despropósito de alquilar a particulares
El edil ecosocialista pretende que esta moción sirva también para poner fin a lo que considera “un despropósito”: el alquiler de locales a particulares por cifras desorbitadas cuando el Consistorio cuenta con un importante patrimonio inmobiliario que permitiría atender la demanda de sedes para servicios municipales.
En su propuesta, en la que se detallan casos intolerables como el del alquiler de la sede del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), que fijaba inicialmente una renta desproporcionada que en la actualidad sigue resultando excesiva, Arcila propone que se elabore una instrucción para que, con carácter previo al alquiler de locales o viviendas por parte del Ayuntamiento, los servicios competentes informen si para el fin requerido se carece de inmuebles de titularidad pública.
Arcila enumera en su moción algunos de los casos más graves relacionados con estas prácticas, además del citado del IMAS. Así, la organización ecosocialista denunció en su día el arrendamiento de locales privados que ni tan siquiera habían sido utilizados por el Ayuntamiento durante años, a pesar de pagarse mensualmente cantidades desproporcionadas, como en el caso de los locales de El Sobradillo donde actualmente se ubica la Unidad de Trabajo Social (UTS).