Frías advierte que la ausencia de una asesoría jurídica social tras los tres despidos es de “enorme gravedad”
Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, afirmó hoy que la ausencia de un servicio de información, orientación y asesoramiento jurídicos por parte del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) tras el despido, el pasado 2 de abril, de las tres trabajadoras que lo prestaban, es de “una enorme gravedad porque la dimensión jurídica es esencial para poder abordar adecuadamente muchas problemáticas sociales”.
Sí se puede viene advirtiendo desde hace meses sobre el problema que suponía el despido de estas tres trabajadoras, adscritas al Centro de Asistencia a las Víctimas del Delito (CAVD) y con casi dos décadas de experiencia. De hecho, en el Pleno de febrero la organización ecosocialista presentó una moción en la que se proponía una fórmula que permitiría mantener este servicio con las tres técnicas en tanto se convocaba el concurso para la dotación de las plazas, pero fue rechazada por el grupo de gobierno, al tiempo que el alcalde, José Manuel Bermúdez, no descartaba la vía de la privatización para reanudarlo.
Con el despido de estas tres mujeres, los servicios sociales municipales carecen desde el 2 de abril de una herramienta considerada imprescindible por el propio Plan Estratégico Municipal de Servicios Sociales, una de cuyas líneas más relevantes es la relativa a información, orientación y asesoramiento jurídico “a todas aquellas personas que sean usuarias de los Servicios Sociales, así como al personal técnico de los diferentes programas que conforman el Servicio de Atención Social”.
Ante esta situación, Frías ha preguntado por escrito a la concejala delegada de Atención Social, Alicia Álvarez, para que responda en la Comisión de Control del próximo día 10, cuándo, con qué recursos humanos y mediante qué procedimientos va a reanudarse la información, orientación y asesoramiento jurídicos por parte del IMAS, tanto a sus usuarios como al propio personal técnico municipal.
El equipo que prestaba hasta hace dos días el asesoramiento jurídico en el ámbito de los servicios sociales municipales es el vinculado al CAVD, un centro cuya gestión es competencia del Gobierno de Canarias y por el que el Consistorio ya no recibe subvenciones. Este es el argumento del Ayuntamiento para despedir a las tres trabajadoras, una medida que conlleva poner fin a este sistema de asesoramiento en lo que Frías considera “un enorme error político y social”.