Frías pide al Gobierno local que cumpla los acuerdos plenarios sobre tarifas sociales para el agua potable
Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pidió hoy al grupo de gobierno que cumpla los acuerdos plenarios en relación con la aplicación de bonificaciones y tarifas sociales en la factura del agua potable para las personas más desfavorecidas del municipio. Concretamente, Frías recordó que existe un acuerdo de julio de 2013 por el cual el Consistorio se comprometió a redactar una propuesta de bonificaciones tras la elaboración de un informe técnico sobre esta medida de apoyo a los colectivos más vulnerables.
Con la intención de conocer qué ha hecho el Gobierno local en este sentido después de nueve meses de alcanzado aquel acuerdo, Frías ha registrado hoy una pregunta al Pleno en la que solicita información sobre los pasos dados para cumplir el citado acuerdo plenario y, en general, para establecer bonificaciones o tarifas sociales para personas con pocos recursos económicos.
El acuerdo de julio de 2013 establecía literalmente lo siguiente: “Realizar un informe técnico que valore establecer bonificaciones sociales a los sectores más desfavorecidos de la sociedad santacrucera (pensionistas, jubilados, desempleados), a la vista del cual se determinará una propuesta de bonificaciones. Una vez finalizado el informe sobre las bonificaciones, se realizará una sesión de trabajo entre Emmasa, el IMAS, la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones y representantes vecinales de todos los distritos de Santa Cruz”.
La pregunta de Sí se puede va en la línea de un escrito presentado el mes pasado al Ayuntamiento por la Asociación por la Rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo y la Plataforma por la Dignidad, en el que, entre otras propuestas, se solicita a la Corporación aplicar la tarifa social que ya funciona en otros municipios, que contempla aspectos como una tarifa gratis para consumos de cero a diez metros cúbicos y un 50% de bonificación en la cuota de servicio a parados mayores de 55 años, jubilados, pensionistas y familias que demuestren situación de precariedad económica.
Según Frías, las consideraciones y propuestas plasmadas en ese escrito, presentado bajo el epígrafe “Por el derecho al agua potable en condiciones dignas para todos”, son muy justas y coinciden con los planteamientos de Sí se puede, especialmente en cuanto a la afirmación de ambas asociaciones de que sus peticiones “son de justicia y también son viables y fácilmente exigibles a Emmasa”.