Sí se puede considera que el Ayuntamiento no quiere hacer cumplir el contrato a la empresa que gestiona los jardines municipales
Juan Miguel Mena, concejal de Sí se puede en La Laguna, ha mostrado su sorpresa ante la reciente decisión de la Junta de Gobierno local en la que se vuelve a pedir un nuevo informe para aplicar una sanción a la empresa que gestiona los jardines municipales.
La Junta de Gobierno tuvo constancia el pasado 14 de mayo de un informe del Servicio de Contratación, solicitado el 24 de enero, referido a este servicio que fue adjudicado el 5 de junio de 2012 a la UTE INTERJARDIN, S.L. Y TEGALPA, S.L., con un presupuesto total de más de 2.776.000 euros.
Esta expediente llega a raíz del escrito entregado en el registro municipal el 5 de octubre de 2012 por los delegados de personal de Intersindical Canaria de dicha UTE, en el que manifestaron irregularidades referidas al número de trabajadores contratados, incumplimiento en la uniformidad y la serigrafía de los vehículos usados en esta actividad, a la que se obliga en el pliego de condiciones, así como irregularidades en el uso de determinados recursos públicos.
El contrato de jardines establece la obligación de identificar correctamente la ropa y los vehículos utilizados para el mantenimiento de las zonas verdes del municipio con el logo del Ayuntamiento, algo que según este informe se ha incumplido de forma reiterada, diciendo en el apartado d) del artículo 26.2 del contrato que esto supondrá “una penalización del 5% de la facturación mensual en cada caso”.
“Nos parece un asunto bastante grave, ya que se trata de un incumplimiento que permite que los recursos materiales y humanos que pagamos todos los laguneros puedan ser usados en otros municipios, lo que sería un auténtico fraude, una realidad que también se recoge en la denuncia entregada por los delegados sindicales”, explica el edil de izquierdas.
La Junta de Gobierno Local del pasado 18 de junio decidió, por unanimidad, devolver este asunto a la Unidad de Medio Ambiente y Servicios Municipales “al objeto de que se informe con la mayor precisión posible si los hechos a los que se refiere este expediente sobre supuestos incumplimientos por parte del contratista de lo establecido”. El concejal de Sí se puede cree que son realmente inauditos los miramientos y las precauciones que se están tomando, “cuando hay un informe del Servicio de Contratación que asegura que las penalizaciones son absolutamente legales y aplicables en base al contrato existente”.
Si el gobierno de CC-PSOE aplicara la sanción prevista el municipio recibiría casi 100.000 euros, unos 5800 euros mensuales por cada concepto hasta que queden subsanados. Nos parece inaudita la poca celeridad que el gobierno quiere aplicar con este asunto, “pareciera que no tienen el más mínimo interés en asegurar el cumplimiento del contrato”.
Mena finaliza señalando que su grupo está estudiando con detenimiento estos expedientes y que no van a permitir ningún trato de favor a determinadas empresas o empresarios en el municipio. “Pedimos simplemente que los pliegos de prescripciones se cumplan y el Gobierno local debe comprobar que todas las empresas adjudicatarias lo hacen, para evitar usos fraudulentos de los recursos públicos”, apostilla.