Sí se puede dice que con el despido de las trabajadoras del CAVD comienza la privatización de la asesoría social
Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dijo hoy que con el despido de las tres trabajadoras del Centro de Asistencia a Víctimas del Delito (CAVD), anunciado esta mañana a las afectadas, el alcalde, José Manuel Bermúdez, está dando el primer paso para la privatización del servicio de información, orientación y asesoramiento jurídico gratuito en materia de servicios sociales que estas prestaban.
La concejala ecosocialista lamentó las formas en que se han producido los despidos de tres trabajadoras con casi dos décadas de experiencia, especialmente en el caso de una de ellas, que se encuentra de baja por maternidad. “CC y PSOE dicen defender en Santa Cruz las políticas de igualdad de género y la conciliación de la vida laboral y familiar, pero sus declaraciones institucionales son papel mojado cuando nos topamos de frente con una realidad como esta”, afirmó.
Sí se puede propuso en el último Pleno una medida que pasaba por mantener en sus puestos a las trabajadoras, que cumplían funciones de asesoramiento a personal y usuarios de los servicios sociales municipales, en tanto se convocaba el concurso para la dotación de las plazas, pero el propio alcalde desechó esta propuesta y anunció que la privatización era el único camino.
De hecho, y dado que la fecha del despido será el próximo 2 de abril, el Ayuntamiento no dispone del tiempo necesario para convocar el concurso, por lo que el servicio pasará necesariamente a una entidad externa al Ayuntamiento. De esta manera, el grupo de gobierno vuelve a incumplir el acuerdo del Pleno extraordinario de servicios sociales de septiembre de 2012 que contemplaba incrementar los recursos humanos del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS).
El equipo que presta el asesoramiento jurídico en el ámbito de los servicios sociales municipales es el vinculado al CAVD, un centro cuya gestión es competencia del Gobierno de Canarias y por el que el Consistorio ya no recibe subvenciones. Este es el argumento del Ayuntamiento para despedir a las tres trabajadoras, una medida que conlleva poner fin a este sistema de asesoramiento en lo que Frías considera “un enorme error político y social”.
Esta decisión no solo es injusta, sino que implica la privatización de una de las más importantes líneas transversales del Plan Estratégico Municipal de Servicios Sociales, afirmó Frías, pues se deja en manos privadas el asesoramiento jurídico gratuito a las personas que viven situaciones de mayor pobreza y vulnerabilidad social en la capital tinerfeña.