Sí se puede pide a Bermúdez el expediente del concierto de Juan Luis Guerra de 2015 en el Parque Marítimo
La concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz Asun Frías ha pedido al alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, el acceso al expediente completo en el que obre el acuerdo de colaboración de la Sociedad de Desarrollo en la organización del concierto de Juan Luis Guerra, celebrado el 25 de julio de 2015 en el Parque Marítimo.
A juicio de Sí se puede, es “adecuado que la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife colabore con el sector privado en la dinamización de la ciudad, pero nunca debe hacerlo en detrimento del interés público”, como ocurre en este caso. “Nos parece escandaloso que la empresa municipal y, finalmente, el propio Ayuntamiento, se haga cargo de una tasa de más de 131.000 euros que tendría que haber pagado la productora privada que organizó el concierto”.
Por este motivo, Frías pide también a Bermúdez los informes que justifiquen que sea la Sociedad de Desarrollo la encargada de liquidar la tasa por ocupación de bienes de dominio público municipal por dicho concierto, que fue organizado por una productora privada con ánimo de lucro. La concejala ecosocialista recuerda que la entrada más barata para acceder al acto fue de 30 euros y que el amplísimo aforo quedó completo, “por lo que podemos deducir que la empresa organizadora obtuvo importantes beneficios”.
Sin embargo, en el pleno del pasado viernes, 22 de julio, se aprobó un expediente de modificación presupuestaria que, entre otros muchos asuntos, incluía una transferencia de crédito del Ayuntamiento a la Sociedad de Desarrollo “al objeto de disponer de financiación para sufragar la tasa por la ocupación de bienes de dominio público municipal liquidada por la Gerencia Municipal de Urbanismo”, según figura en el documento oficial. La tasa tiene un importe de 131.660,80 euros, cantidad correspondiente a la ocupación del Parque Marítimo para el citado concierto.
Sí se puede considera que en Santa Cruz de Tenerife se desarrollan múltiples actividades económicas y/o culturales, que ocupan suelo público, dinamizan la ciudad y contribuyen al desarrollo local y, sin embargo, sus promotoras se ven obligadas a pagar tasas. “No nos consta que haya criterios claros a la hora de establecer con quién colabora la Sociedad de Desarrollo hasta el punto de asumir la liquidación de la tasa y con quienes no”, destaca la concejala.