Sí se puede presentará un recurso contencioso administrativo reclamando la creación del grupo mixto en La Laguna
En la mañana del lunes representantes del comité local de Sí se puede en La Laguna ofrecieron una rueda de prensa en la que anunciaron las acciones judiciales que piensan emprender tras el acuerdo plenario del pasado 10 de abril, en el que se rechazó por parte de CC-PSOE la constitución del grupo mixto.
En la rueda de prensa estuvieron presentes el concejal de Sí se puede en La Laguna, Juan Miguel Mena, y dos representantes de la comisión permanente insular de Sí se puede, Ruth Acosta y José María Fernández-Palacios, siendo una portavoz del comité, Ana Reyes, la que hizo lectura de la declaración política elaborada por la organización ecosocialista.
Desde Sí se puede creen que el pasado jueves se cometió una nueva arbitrariedad con respecto a la creación del grupo mixto en La Laguna y contra los derechos políticos de su concejal. Afirman que el grupo de Gobierno trató de alcanzar un acuerdo en el que de forma implícita se les obligaba a renunciar a sus derechos políticos a cambio de mantener la asignación económica a su representante, “una propuesta que fue debatida y rechazada por nuestra organización de forma tajante”. En este sentido aseguran que los sucesos vividos en estas semanas “demuestran que el acuerdo del 7 de julio de 2011 fue un acuerdo ilegal, que nos dejaba en la más absoluta indefensión como representantes de los casi 4000 vecinos que nos votaron”.
El acuerdo plenario, alcanzado con los votos de Coalición Canaria y PSOE, equipara en derechos y asignaciones a la concejala tránsfuga, Candelaria Marrero, con el edil de Sí se puede, generando “un peligroso precedente, que seguramente nunca se hubiese dado si el tránsfuga hubiese sido miembro del Gobierno”. Este hecho ratifica las dudas de la organización de izquierdas ante los diferentes informes jurídicos emitidos en el Ayuntamiento en los últimos cuatro meses. “Creemos en los acuerdos y consensos en la acción política, pero los mismos no pueden depender de arbitrariedades o hacerse a costa de unos derechos democráticos que está visto, según los últimos acontecimientos, que valen poco. En este sentido, cuando se nos hace elegir entre derechos políticos y unas cantidades económicas, en nuestra respuesta no cabe duda, elegimos los primeros”, explicó Ana Reyes.
La formación ecosocialista indica que la próxima semana presentarán un recurso contencioso administrativo en los juzgados por lo que consideran una clara vulneración de los derechos fundamentales de su concejal, recogidos en el artículo 23 de la Constitución Española, y en la que argumentarán los motivos por los que creen que el acuerdo tomado el 7 de julio de 2011 fue nulo de pleno derecho. Juan Miguel Mena indicó finalmente que este asunto lo pelearán “tarde lo que tarde, hasta que se reconozcan sus derechos”.