Sí se puede se personará en defensa de los intereses municipales por los fallos de gestión de aguas residuales por parte de Emmasa
Sí se puede ha decidido personarse en el proceso de diligencias previas incoadas en el juzgado de instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, para defender los intereses municipales en el caso los errores de gestión de las aguas residuales en la capital tinerfeña. La depuración de aguas residuales es uno de los servicios que presta la empresa Emmasa, gestionada por la multinacional Sacyr Vallehermoso desde su privatización.
Además, la organización ecosocialista exige que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reclame a Sacyr Vallehermoso el coste del llamado “know how” –el pago correspondiente al manejo de la tecnología y procedimientos necesarios–, y promoverá a partir de septiembre una moción para impulsar un plan de inversiones necesarias e inmediatas para que el sistema de depuración de aguas se ajuste a la legalidad.
El portavoz ecosocialista en el Ayuntamiento capitalino, Pedro Fernández Arcila, presentó este jueves en rueda de prensa información novedosa sobre el caso del proceso de gestión de aguas residuales en Santa Cruz que pone en cuestión su vertido directo desde la estación de tratamiento y bombeo situada en Cabo Llanos y que pone en duda la capacidad de la depuradora del barrio de Buenos Aires.
Con datos procedentes de diferentes expedientes, la información que presentó Arcila señala graves irregularidades que supondrán multas cuantiosas para distintas administraciones implicadas y el agravamiento de la situación procesal de responsables políticos municipales que en estos momentos ya están imputados por este caso.
De ahí el interés de Sí se puede en personarse en las diligencias previas incoadas, porque las personas imputadas dirigen sus acciones a protegerse, “pero nadie defiende los intereses municipales”, subrayó el concejal de Sí se puede.
El papel de la estación de Cabo Llanos consiste en recoger las aguas residuales de la zona baja de Santa Cruz y bombearla a la estación depuradora ubicada en el barrio de Buenos Aires, donde deberían depurarse. Ese procedimiento no se está aplicando y desde Cabo Llanos se hace un vertido directo al mar de alrededor de 20.000 metros cúbicos diarios, más de dos tercios de las aguas residuales generadas en Santa Cruz. Según evidencian los expedientes citados, este procedimiento incumple la autorización del gobierno autonómico y la normativa estatal y europea.
Arcila señaló que se ha incoado un expediente sancionador por parte de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que puede conllevar multas elevadísimas, al tiempo que existe un expediente de queja incoado por la Unión Europea en el que el gobierno central reconoce que el vertido de aguas residuales en Cabo Llanos incumple la normativa europea.
Este reconocimiento puede conllevar multas cuantiosas para el Estado e indirectamente para el Ayuntamiento de Santa Cruz. Además, se trata de multas con carácter coercitivo, que se mantienen periódicamente hasta que se adoptan las medidas correctoras.
Por su parte, la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias revisa en estos momentos la autorización del vertido de aguas residuales en la zona de La Hondura desde la estación de Cabo Llanos debido al claro incumplimiento por parte del .Ayuntamiento. Por este motivo, si no se toman acciones de manera inmediata, quedará sin efecto la autorización de los vertidos, con lo cual “cualquier vertido que se haga en la zona de La Hondura sería aún más ilegal, por no contar con esa autorización de la Viceconsejería de Medio Ambiente”, indicó Arcila.
Capacidad de la depuradora
En este informe se detalla que a principios de mayo de este año el gobierno autonómico exigió un plan de inversiones a Emmasa en el que se contemple resolver las limitaciones de la depuradora; “si ese plan de inversiones no se ejecuta de manera inmediata, dejarán sin efecto la autorización”, informó el concejal de Sí se puede.
Un segundo informe señala que “la capacidad de depuración de la estación del barrio de Buenos Aires es superior a los 20.000 metros cúbicos diarios que se han citado oficialmente”, indicó Arcila, al tiempo que apuntó a que existen distintas estimaciones de la capacidad real de gestión de la depuradora. Así, mientras los técnicos municipales han detectado la capacidad puede ser el doble de la oficial, es decir, de al menos de 40.000 metros cúbicos, un informe de la propia Emmasa habla de tres líneas de depuración de 30.000 metros cúbicos cada una, “con lo que se vendría abajo el argumento de que las aguas sin depurar de Cabo Llanos se vierten directamente al mar porque la estación de Buenos Aires no tiene capacidad para depurar todas las aguas del municipio”.
Como consecuencia secundaria, de confirmarse esta mayor capacidad de la depueradora, “se complicaría la situación procesal en la que están responsables políticos del gobierno actual y de gobiernos anteriores al de 2011”, dijo el portavoz ecosocialista.
Esta mayor capacidad de gestión de la depuradora y la falta de inversiones por parte de Emmasa para resolver la gestión de las aguas residuales de acuerdo a la ley es lo que lleva a Sí se puede a reclamar la devolución del pago por know how, Al respecto, Arcila aseguró que esta información “demuestra que Sacyr Vallehermoso o no tiene ningún tipo de conocimiento o el conocimiento que tiene es el de eludir las normativas estatales y europeas”.